La organización México Evalúa alertó que desaparecer los organismos constitucionalmente autónomos y transferir sus funciones a la Administración Pública Federal podría impactar negativamente en el bienestar de la población al atentar contra la protección de derechos fundamentales y la transparencia, y llevar a un aumento de precios al afectar la competencia. 

El pasado 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que extingue siete organismos autónomos.

La exposición de motivos de la reforma argumenta que estos órganos son costosos para el Estado y que no han cumplido con sus objetivos técnicos e imparcial. 

Sin embargo, la organización refutó el texto y reveló que el presupuesto asignado para estos organismos representa el 0.05% del presupuesto federal. 

Además, aseguró que la exposición de motivos “no proporciona una evaluación técnica completa y objetiva”, por lo que hicieron un llamado a los legisladores a otorgar tiempo y espacio adecuados para la deliberación de la iniciativa.

Uno de los principales temores es que la eliminación de órganos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podría poner en riesgo la competencia y regulación de los mercados, lo que podría llevar a un aumento en las prácticas anticompetitivas, afectando la calidad y precios de bienes y servicios. 

Por su parte, la eliminación de la autonomía de la Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) podría distorsionar la evaluación de políticas sociales y educativas, comprometiendo la precisión en la medición de pobreza y desempeño educativo. 

"La autonomía de estos órganos se fundamenta en la necesidad de permitirles operar y resolver de manera separada a los ciclos políticos, sin conflicto de interés en sus resultados”, aseguró la organización.

Además de la Cofece, IFT, Coneval y Mejoredu, los legisladores de Morena y sus aliados buscan eliminar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).