La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la celebración de su primera audiencia pública con su nueva integración, con el objeto de tener la opinión de grupos de personas con discapacidad sobre el derecho a la consulta durante el proceso legislativo.

El pasado 14 de octubre, la SCJN abrió la convocatoria para las personas que estuviesen interesadas en dar su punto de vista sobre la acción de inconstitucionalidad 182/2024, bajo la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Después de que la ministra propuso al pleno abandonar el criterio que sostiene la invalidez de las leyes sobre personas con discapacidad que no fueron consultadas previamente, diferentes asociaciones pidieron ser escuchadas por los ministros de la SCJN.

Batres Guadarrama aseguró que su propuesta responde a que, desde 2016, se han declarado como inconstitucionales 50 leyes estatales y federales por falta de consulta a personas con discapacidad y, afirmó, que únicamente 3 eras leyes restrictivas de derechos.

La ministra expresó que se encuentra matizando la propuesta que incluirá en su proyecto, para no abandonar completamente el criterio sostenido por la anterior integración de la Corte y, en su lugar, establecer que las comisiones de derechos humanos puedan promover la invalidez de leyes cuando tengan al menos 15 firmas solicitando la impugnación.

"La instrumentación de estos derechos puede ser equivocada, que los legisladores, las legisladores no necesariamente interpretan las necesidades de cualquier persona o segmento de personas con discapacidad de manera íntegra, completa y, finalmente, hay la interpretación de alguien que no vive necesariamente estas circunstancias", comentó.

En este primer día, intervinieron casi 30 personas con discapacidad y representantes de organizaciones durante la audiencia de casi 4 horas y a la que asistieron 8 ministros. Se destacaron en las intervenciones los argumentos en contra de la propuesta de la ministra Batres, al considerarla regresiva y que implica una carga a las personas con discapacidad.

"Van a ser las personas con discapacidad y las organizaciones las que van a tener que hacer el trabajo de revisar las leyes y de ir a golpear la puerta para decir que hay que reformularlas y que violentan o violan ciertos derechos", dijo Patricia Claudia Broma de la Coordinación de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Miguel Ángel Miranda Aquino, representante de la Alianza Morelense en favor de los derechos de las personas con discapacidad, consideró como regresiva la postura que planteó la ministra Batres.

"Corremos ese riesgo de que si no se actúa de oficio, si las instituciones, estos sujetos legitimados deciden no hacerlo por cuestiones políticas, por cuestiones de tiempo, por sobrecarga de trabajo, nuestros derechos nadie los va a respetar", señaló.

Incluso hubo críticas a la reforma a la Ley de Amparo aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso, que restringió la posibilidad de presentar juicios de amparo para quienes puedan demostrar interés legítimo.

"Las barreras que sufren las personas con discapacidad, pueden ser sistémicas, normas generales, omisión de políticas públicas, infraestructura, inaccesibilidad, ausencia de adaptación razonable, estos daños muchas veces se presentan como afectación colectivas o difusas, no como lesiones individuales. La nueva exigencia de la lesión real y diferenciada puede dificultar el acceso al amparo", mencionó Víctor Hugo Núñez.