"Gamers" y expertos criticaron la intención del gobierno federal y usar argumentos poco analizados para gravar con 8% a los videojuegos considerados violentos.
Santiago Márquez creció entre controles y pantallas. A los seis años ya dominaba los mandos y hoy dedica gran parte de su tiempo a Call of Duty, uno de los títulos más vendidos en el mundo.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, coloca a los videojuegos de guerra y terror en la misma categoría fiscal que refrescos, cigarros y apuestas. El argumento oficial es que representan un riesgo para la salud de la población.
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Detrás de la propuesta hay un debate científico que el propio gobierno parece pasar por alto. Mientras cita un estudio hecho en Costa Rica de 2012 que asocia los juegos violentos con conductas agresivas, ignora que el mismo documento admite que la evidencia es contradictoria y que jugar puede incluso aportar beneficios frente al sedentarismo.
Expertos sostienen que más que una medida de salud pública, se trata de un mecanismo recaudatorio. México es líder en consumo de videojuegos en América Latina y ocupa el décimo lugar mundial en ventas, con un mercado de 2,300 millones de dólares anuales. El nuevo impuesto no solo promete ingresos millonarios, también una creciente inconformidad entre los jugadores.
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