La Secretaría de Cultura del Gobierno de México informó este domingo a través de un comunicado que se reunirá con trabajadores de la Biblioteca Vasconcelos, quienes denunciaron despidos injustificados, por lo que se manifestaron afuera de la biblioteca.
Dicha reunión se celebrará este lunes únicamente para informar a los trabajadores su incorporación a la "Biblioteca Vasconcelos en la forma y términos en que se han venido desempeñando".
De acuerdo con el documento, hace 10 años, 31 trabajadores quieres laboraban con contrato indefinido, solicitaron su correspondiente basificasión.
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Los empleados temporales cumplían funciones como bibliotecarios, atención al público, gestión de acervo y logística, entre otros, señaló la secretaría.
"El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) emitió cuatro decisiones en los que se encuentran agrupados dichos trabajadores, otorgando la basificación, lo cual implica la creación de plazas para los efectos precisados por dicho tribunal", se lee en la misiva.
Además, la Secretaría de Cultura mencionó que desde el momento en el que los manifestantes presentaron sus quejas, abrió las respectivas mesas de diálogo con los empleados para acordar las transiciones entre "las plazas eventuales y la basificación".
El pasado 10 de diciembre, los trabajadores despedidos de la Biblioteca Vasconcelos cerraron la Avenida de los Insurgentes, en su cruce con el Eje 1 Norte, luego de que se les confirmara de manera definitiva su baja y se les informara que no habrá ninguna reinstalación.
Con consignas como “reinstalación, basificación es la solución”, “queremos trabajar, queremos trabajar” y “fuera nepotismo”, los manifestantes buscaron atraer la atención de las autoridades federales para denunciar irregularidades en la Secretaría de Cultura federal.
El grupo recordó que, en 2019, el actual director de la biblioteca, José Mariano Leyva Pérez Gay, les aseguró que mientras él estuviera al frente “a nadie se le despediría”. Hoy, afirman, esa promesa ha sido incumplida.
Finalmente, los afectados acusaron entonces a la Secretaría de Cultura de mantener prácticas ilegales de contratación y de pretender separarlos de sus cargos sin argumentos válidos.