Las cuotas que exigía el alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, a vendedores ambulantes y empresarios en el municipio iban de 25 pesos a 60 millones de pesos, según el expediente que integró la Fiscalía General de la República (FGR).

La carpeta FED/FEMDO/FEIDMSJAL/0000781/2025, abierta por el Ministerio Público contra el presidente municipal por delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro, así como secuestro agravado, describe las actividades delictivas del funcionario a partir de pruebas recabadas por personal de inteligencia.

Entre los distintos datos de prueba que integró la FGR se encuentra la intervención de la línea de Francisco Javier Rivera Gutiérrez, jefe de padrón de licencias, el cual exige a los encargados que realizan un tour turístico aumentar la cuota de 25 pesos a 50 pesos por persona por órdenes del alcalde.

“Ya les dio la orden que a 50, que no pueden dar a menos, a veces son sus trabajadores que, porque no se animaba a decirle a su patrón que íbamos a cobrar 50, pero que ese no era su pedo. Juan comenta que ya le dijo el jefe que lo arreglara y pues ahorita en la medida de lo posible pues lo arregla. HNI dice que la muchacha dijo ‘no, es que yo no le voy a decir que ya van a cobrar 50 pesos al patrón’. Pues ni modo que yo le diga pues es pedo de ellos. Juan, pues sí, claro. Que suban el tour ahora 25 pesos para que se acomode el tema. Y se despiden”, menciona el texto.

En el informe SSPC/SIIP/UAA/AI/01184/2025, fechado el 27 de agosto de 2025, se detalla los recorridos realizados en el municipio para recabar información.

Uno de los testimonios es de una persona que menciona que los vendedores que se negaban a pagar la cuota eran secuestrados y golpeados.

“El presidente municipal Diego López Ibarra está coludido y tiene nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación; ella sabe que el presidente cobra a todos los comerciantes el derecho de piso a través de sus colaboradores, que están en el gremio del gobierno y de la policía municipal. Una de las personas que cobra es Roberto Rivera Gutiérrez, hermano del regidor, y todo esto lo hacen por órdenes del presidente municipal”, menciona el documento.

El expediente consultado por Latinus también incluye el testimonio de un vendedor en el centro del municipio, que refiere que todos los comerciantes de la zona pagan una cuota de derecho de piso impuesta por el alcalde.

“Les cobran 500 pesos semanales a 1500 pesos, dependiendo del giro comercial; van distintas personas a cobrar los fines de semana y, al que reconoce y ha ido varias veces a cobrar, lo acompañan diferentes masculinos. Es el asesor del presidente municipal, de nombre Diego López Ibarra”, indica el expediente.

Cuotas a empresarios

Otro de los testimonios recabados por las autoridades es el de un familiar de un empresario, que señaló que le exigieron el pago de 150 mil pesos para no cerrar su local comercial.

“Es dueño de un establecimiento de venta de vinos y licores y fue víctima de extorsión, ya que le están pidiendo la cantidad de 150 mil pesos a cambio de no cerrar su local; días anteriores llegaron a su local tres masculinos; uno de ellos es el asesor del presidente municipal, Diego López Ibarra”, menciona el expediente.

Entre las pruebas incluidas en el expediente hay una entrevista fechada el 3 de octubre de 2025. En ella, un empresario denunció la extorsión de dos millones de pesos.

“Fue extorsionado con una multa de más de 2 millones de pesos, ya que Diego y su administración operan extorsionando a los empresarios y pequeños comercios mediante un sistema de multas ilegales y cierre de negocios; si no pagan, los clausuran, los amenazan con los nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación y les llegan personas armadas de este grupo si no acceden a pagar”, menciona el documento.

Un vendedor de artesanías narró que le exigieron un pago de 50 mil pesos para poder volver a abrir su negocio y le impusieron un pago mensual de 20 mil pesos.

“Me exigieron 50,000 pesos para que pudiera volver a abrir mi local; al ser mi única fuente de ingresos me vi obligado a realizar el pago, el cual entregué a Juan Manuel Pérez Sosa. Sin embargo, al momento de realizar el pago, Juan Manuel Pérez Sosa me indicó que, por órdenes del presidente municipal Diego Rivera Navarro, tendría que pagar mensualmente 20,000 pesos para poder continuar vendiendo mis artesanías”, explicó.

Las extorsiones que realizaba el alcalde incluso llegaron al cabildo a través de la retención de sueldos a una regidora.

“En lo personal, el presidente condiciona mi voto en el cabildo con mi sueldo; debería ganar 24 mil pesos quincenales y lo redujo a 12 mil pesos para usarlo como moneda de cambio. Quiero destacar que, en una sesión de cabildo, al no autorizar un endeudamiento de 20 millones, procedió a clausurar el negocio de mi hija”, denunció la funcionaria.

Las pruebas incluidas en el expediente de la FGR incluyen la extorsión contra la empresa tequilera José Cuervo, a la cual se le exigió un pagó de 60 millones de pesos para no clausurarla, según el dato de prueba incluido en la carpeta de investigación FGR/AIC/CFIC/UINCIE/006972/2026.

“Tal es el caso de la empresa José Cuervo que denuncio a Diego Rivera Navarro y otros funcionarios municipales quienes exigen el pago de 60 millones de pesos a cambio de no clausurar la planta Cuervo 1800. El Ayuntamiento argumentó que la empresa presentaba diversas irregularidades, pero la compañía señaló que el cobro estaba sobrevaluado”, indica el informe.