La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su administración pague directamente al gobierno de Cuba por los servicios de los médicos cubanos en México y aseguró que todos reciben un salario como parte del acuerdo bilateral.
Hay evidencia de que no es así. El convenio de misiones médicas que firmaron autoridades de México con Cuba en 2022 establece que el primer pago, de más de un millón 177 mil euros, se haría a través de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. (CSMC, S.A.), una empresa estatal adscrita al Ministerio de Salud de la isla. Es decir, el pago se haría al gobierno de Cuba.
El documento, en poder de Latinus, establece que el gobierno de México se comprometió a hacer transferencias mensuales por el equivalente a 24.3 millones de pesos por el servicio de 610 médicos cubanos durante un año.
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Por parte del gobierno de México, firmó Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que Yamila Ramona de Armas Águila aparece como representante legal de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, el 22 de julio de 2022.
El IMSS acordó hacer transferencias en euros, con la prohibición explícita de hacer uso de dólares estadounidenses o de instituciones bancarias con capital mayoritario de Estados Unidos.
Los pagos posteriores se harían de forma triangulada a través de Neuronic Mexicana, una empresa que también tiene vínculos con el régimen cubano. Todo esto quedó por escrito en la primera adenda al convenio de cooperación, firmada el 9 de septiembre de 2022.
El gobierno de México insiste en que no hay explotación laboral
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este miércoles el programa de misiones médicas a pesar de los señalamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos y de médicos cubanos que han denunciado formalmente al régimen cubano por explotación laboral y trata de personas.
“Ahora nos ayudan en muchísimos lugares, no sé exactamente el número de médicos cubanos que están aquí, pero se les paga lo que se les tiene que pagar. Ellos reciben su salario; no es que vengan aquí y les pague el gobierno cubano allá lo que quiera”, dijo este miércoles durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional.
Personal de salud de la isla que participó en el programa “Mais médicos” en Brasil denunció a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a su representante Joaquín Molina Leza, ante la corte del Distrito Sur de Florida.
Los médicos cubanos alegaron que fueron objeto de trabajo forzoso, explotación laboral y tráfico de personas y que el régimen de la isla se quedó con hasta el 90% del dinero que Brasil pagó por sus servicios.
Poco después, Molina Leza, esposo de la actual secretaria de Salud de la CDMX, Nadine Gasman, fue designado como asesor en la Unidad de Análisis Estratégico y Evaluación para el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en el gobierno de López Obrador.
Se trata del mismo instituto del que salieron cerca de 135 millones de pesos para que los médicos cubanos fueran a la Ciudad de México como apoyo en la pandemia por la Covid-19.
En febrero de 2025, el secretario de Estado del gobierno estadounidense, Marco Rubio, anunció que cancelarían las visas de servidores públicos extranjeros que facilitaron la contratación de médicos cubanos por considerar que se trata de “trabajo forzado y explotación de trabajadores”.
En las últimas semanas, países como Jamaica, Guatemala, Honduras y Guyana anunciaron el fin de las brigadas médicas de Cuba, una de las principales fuentes de ingreso para el régimen.
En México, el programa continúa y se aumentará el número de contrataciones.