El gobierno de Estados Unidos advirtió de posibles injerencias del crimen organizado en sindicatos mexicanos ante la revelación de que operadores de la mina Camino Rojo en Zacatecas contrataron a un narcotraficante para interferir en las reuniones sindicales. 

En la resolución publicada el 27 de marzo por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (DOL, por sus siglas en inglés), se argumenta que los empleos y la industria estadounidense se vieron perjudicados después de que la minera cediera ante el crimen organizado. 

"Los operadores de la mina perjudicaron los empleos y la industria estadounidenses al ceder ante los narcotraficantes para reprimir la capacidad de los trabajadores mexicanos de organizarse de forma independiente y negociar mejores salarios y condiciones laborales", dice el texto.

El DOL detalló que esta organización llegó a hacer amenazas de muerte e incluso que sujetos armados visitaron los domicilios para obligar a los trabajadores a aceptar el sindicato preferido de la empresa. 

Ante esta situación, Estados Unidos logró que el panel de asuntos laborales del T-MEC le diera la razón respecto a la negación de los derechos laborales, así como las denuncias de violencia contra trabajadores que buscaban organizarse para negociar mejores salarios y condiciones laborales.

"Las actuaciones del panel corroboraron que la mina contrató a un conocido narcotraficante para interrumpir las reuniones sindicales con personas armadas, proferir amenazas de muerte y obligar a los trabajadores a aceptar el sindicato preferido de la empresa", añade el texto. 

Cabe recordar que Estados Unidos obtuvo un triunfo ante el panel del T-MEC, lo que llevó a México a rechazar el veredicto en el caso de los trabajadores de la mina Camino Rojo.

“Su implementación debe fortalecer las instituciones nacionales, sin menoscabar las decisiones soberanas y las facultades exclusivas de las autoridades mexicanas en la protección de los derechos laborales”, dice el comunicado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.