La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó este sábado la vinculación a proceso de dos mujeres por su presunta responsabilidad del delito de fraude en agravio de una mujer adulta mayor.

De acuerdo con un comunicado, las mujeres fueron identificadas como Ingrid “N” y Wendy “N" y supuestamente cometieron el 9 de septiembre de 2024.

"La víctima realizó múltiples depósitos y transferencias bancarias que, en conjunto, superaron el millón de pesos. Tras los hechos, la agraviada contactó directamente a su amiga, quien desconoció la situación", detalla el documento. 

"De acuerdo con la investigación, una mujer habría fingido ser amiga de la víctima, a quien llamó y solicitó dinero para pagar supuestos impuestos aduanales. La víctima recibió llamadas de dos hombres que se identificaron como empleados de aduana, quienes confirmaron la falsa urgencia y le advirtieron que su amiga enfrentaría problemas legales en caso de no completar el pago", explica el comunicado.

Posteriormente, la víctima realizó diversos depósitos y transferencias bancarias, las cuales superaron el millón de pesos. Después de los hechos, la afectada contactó a su amiga, quien desconoció la situación, por lo que presentó su denuncia ante la fiscalía.

Después de las investigaciones, el agente del Ministerio Público identificó la probable participación de Ingrid “N” y Wendy “N” en los hechos, por lo que solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión en su contra.

Fue hasta el 16 de diciembre del 2025 que agentes adscritos a la Policía de Investigación (PDI) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), localizaron y aprehendieron a Ingrid “N”, en Chimalhuacán, más tarde fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Asimismo, el pasado martes fue detenida Wendy “N” por la PDI en la alcaldía Gustavo A. Madero.

"Durante la audiencia celebrada al día siguiente, el agente del Ministerio Público presentó testimonios, análisis de estados de cuenta y registros de llamadas telefónicas, entre otros datos de prueba, que permitieron al juez determinar su vinculación a proceso, imponer la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria", finalizó el documento.