México cuenta con la mejor legislación anticorrupción en América Latina, pero reprueba en su implementación, que se está utilizando para fines políticos, alerta el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional.
“Los principales desafíos para la aplicabilidad del marco jurídico incluyen insuficiente voluntad política para su ejecución (a pesar de ser una de las banderas del presidente actual), recursos económicos y humanos inadecuados para las agencias anticorrupción, insuficiente independencia judicial y/o de los órganos de procuración de justicia y capacitación inadecuada de los funcionarios y funcionarias públicas”, dice el centro en el reporte “Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022”.
Te puede interesar: Sistemas locales anticorrupción alertan que reforma de AMLO debilitará el combate a la corrupción en los estados
“La comunidad jurídica consultada identifica que la lucha anticorrupción está siendo utilizada para fines
políticos, pues no se brinda el apoyo necesario al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y otras entidades, al contrario, se les ataca desde el poder ejecutivo”, alerta el reporte.
“Además, existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos actuales, incluyendo el reciente caso de posible corrupción para beneficiar a uno de los hijos del presidente”, dice el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos sobre las casonas en Houston donde habitó José Ramón López Beltrán.
El asunto fue dado a conocer por Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) el 27 de enero, en un reportaje conjunto que señaló que José Ramón López Beltrán y su esposa vivieron, entre 2019 y 2020, en una casa que es propiedad del exejecutivo de la empresa con la que Pemex tiene contratos vigentes por 151 millones de dólares.
De acuerdo con el reporte, las autoridades anticorrupción en México no tienen la independencia necesaria para prevenir, investigar y sancionar la corrupción efectivamente. Entre las razones para ello, dicen los expertos, está el debilitamiento de capacidades de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de otras instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Te puede interesar: Investigación de Baker Hughes culpa a Carolyn Adams de ocultar que el hijo de AMLO viviría en la casa gris
“Incluso, se han presentado denuncias por abuso de funciones y otras conductas indebidas del anterior titular de la UIF”, indica el reporte. Los expertos detallan la importancia de que la SFP se convirtiera en un ente autónomo, fuera del ámbito del ejecutivo.
El documento presentado por el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional indica que la Fiscalía Anticorrupción ha judicializado menos del 2% de los casos.
“Hay un enfoque meramente nacional motivado por cuestiones políticas, pero se pierden de vista grandes casos regionales y la importancia de la cooperación internacional. Una de las razones para esto se atribuye a la falta de independencia y de capacidad”, alertan los expertos.
El centro evaluó tres aspectos legislación, autoridades e implementación. México obtuvo en materia de legislación 9.30 puntos de 10 posibles, es la más alta de la región; sin embargo, en cuanto a las autoridades obtuvo 3.50, sólo por encima de Paraguay, El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela.
En implementación, el país obtuvo una calificación de 4.83, ocupando el lugar número 10 de los 17 países evaluados. El promedio de México fue de 5.64.
Te puede interesar: AMLO propone reforma para que el Sistema Nacional Anticorrupción opere con menos estructura y recursos
El reporte también alerta que en enero el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa con el objeto de
reestructurar y simplificar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal, con la cual se
pretende eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción “aun cuando hay
información pública de sus buenos resultados en el establecimiento de mecanismos para prevenir la
corrupción”.
Actualmente, concluye el reporte, se identificó que las personas en condición de pobreza y poblaciones vulnerables son los sectores más afectados por la corrupción, especialmente las mujeres, esto debido a la falta de una política anticorrupción con perspectiva de género, así como los migrantes.
De acuerdo con el reporte “Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022”, Uruguay fue el país mejor evaluado con 8.36, mientras que Venezuela obtuvo la calificación más baja, con 2.87 puntos.
