La mayoría de Morena, PT y PVEM aprobó en lo general en el pleno del Senado de la República la reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum que restringe los procedimientos del juicio de amparo al que pueden recurrir los ciudadanos y organizaciones sociales como un mecanismo de defensa ante los abusos del poder.
Las reformas a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fueron aprobadas en lo general por 76 votos de legisladores oficialistas y 39 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. El senador del PVEM, Luis Armando Melgar, votó en contra.
Si bien se modificó la iniciativa original para establecer que el juicio de amparo procederá no sólo en casos de interés legítimo sino de interés particular y colectivo, se mantuvo la restricción de que la suspensión produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético para el quejoso.
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La senadora Guadalupe Murguía ejemplificó que si el gobierno se niega a comprar vacunas será difícil acreditar el prejuicio para todos los niños del país porque no se sabrá a cuántos menores se afecta.
Destacó que el dictamen debilita la suspensión del acto reclamado para evitar que una medida de autoridad afecte al quejoso mientras se resuelve de fondo el asunto.
“Imaginemos una persona que tiene una casa, alguna autoridad quiere construir un parque y la casa tiene que ser demolida. Entonces, al promover un amparo, el juez toda vez que se trata de un interés social, no podría decretar la suspensión del acto reclamado, y el quejoso aunque aunque gane el amparo, nada podrá detener la demolición”, explicó.
La senadora morenista Nora Ruvalcaba pidió no engañarse, porque a su juicio, quienes más usan el amparo no son los que menos tienen, sino quienes más tienen para interponer hasta 30 recursos de amparo.
El coordinador de Movimiento Ciudadano destacó que se dejó en la indefensión a los ciudadanos frente al bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuando se presuma su origen ilícito y deja la carga de prueba a los particulares.
El panista Francisco Ramírez Acuña indicó que México creó el amparo y el gobierno de Morena lo está destruyendo porque altera gravemente los procedimientos del juicio de amparo al que puede recurrir los ciudadanos y organizaciones sociales como un mecanismo de defensa ante los abusos del poder.
Añadió que la reforma atenta contra los principios de progresividad y no regresividad.
“Nos oponemos a limitar al ciudadano a obtener la suspensión del acto reclamado por exigirle mayores requisitos para su procedencia al pretender acotar la procedencia del juicio sólo a quienes aleguen estar con un interés jurídico legítimo”, sostuvo.
Una vez aprobado el dictamen en lo general, el pleno discutirá una reserva del morenista Manuel Huerta para agregar un artículo transitorio que ordena que los juicios de amparo actualmente en trámite sea resueltos con la nueva ley, algo que viola el principio de retroactividad del artículo 14 de la Constitución.
Esa reserva se presentará, a pesar de que el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, había advertido que se retiraría.
En tribuna, la senadora priista Carolina Viggiano advirtió que se presionó a Javier Corral para que se incluyera finalmente ese artículo en el dictamen.